Olmos en la cuerda floja, con justa razón
*Con la verdadera ley y justicia nadie juega; Esperamos que en
esta ocasión se cumplan
Torreón, Coahuila.- La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consignó por desacato a tres ex
funcionarios de Torreón, entre ellos al ex tesorero Pablo Chávez Rossique. El
ex alcalde, Eduardo Olmos Castro no está exento de esta observación.
Por lo tanto, se le
debe aplicar las mismas sanciones que a los primeros por desacatar la orden de
un juez judicial federal del 7 de
febrero de 2013 al no devolver a tiempo 7 mil pesos cobrados indebidamente a
una ciudadana por concepto del Impuestos Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).
La acusación es en
contra del ex tesorero Chávez Rossique Roberto Zamudio, ex jefe Catastro Municipal y Juan Angel Salas
Rocha, ex Jefe de Verificación Física del Catastro, que cumplieron un año
después de la sentencia con la devolución del cobro irregular.
Sin embargo, la
queja-denuncia que presentó la agraviada, menciona al ex Presidente Municipal, Eduardo
Olmos Castro como responsable de la administración pública del municipio de
Torreón.
Los ex funcionarios
podrían ser sancionados con penas de 5 a 10 años de prisión, un multa de cien a
mil días y la inhabilitación de 5 a 10 años para desempañar otro cargo, empleo
comisión públicos, según las reglas de la Suprema Corte.
La queja de la
denunciante se dio a conocer claramente mediante un boletín distribuido a la
prensa por el XI ex regidor Rodolfo Walss Aurioles antes de terminar su gestión
en la pasada administración, en el que se menciona a Olmos Castro.
Aquí el texto
del boletín de Prensa.
POR CULPA DEL TESORERO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICA DE LA NACIÓN
ANALIZA DESTITUIR AL ALCALDE Y ENJUICARLO PENALMENTE
Incumplir sentencias de
amparo es un delito. El 26 de diciembre de 2012, un ciudadano ganó un juicio de
amparo el cual ordenaba al Tesorero de Torreón, devolver impuestos cobrados de
manera ilegal. A pesar de que el Tesorero pudo impugnar la sentencia, SE LE
PASÓ EL PLAZO PARA ELLO; por lo tanto la sentencia quedó firme, es decir, se
volvió obligatoria.
El 9 de mayo de 2013,
el Juez Tercero de Distrito en la Laguna ordena al Tesorero cumpla la sentencia
y devuelva al ciudadano el dinero que ilegalmente le cobraron.
El 7 de junio de 2013,
el Juez nuevamente ordena al Tesorero cumplir la sentencia y además, requiere
al Alcalde para que como superior jerárquico obligue al Tesorero a cumplir,
dando a ambos un plazo de 10 días.
El Tesorero no cumplió,
por lo que el 25 de julio de 2013 el Juez impone una multa de 100 salarios
mínimos para el Tesorero y otro tanto al Alcalde.
Pero no sólo eso, de
acuerdo con el párrafo tercero del artículo 198 de la Ley de Amparo, el asunto
va a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en caso
de que la Corte estime que no hubo
ninguna causa que justificara el incumplimiento de la sentencia procederá de la
siguiente manera:
…a separar de su cargo
al titular de la autoridad responsable (en este caso al Tesorero) y a
consignarlo ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de
sentencias de amparo. Las mismas providencias tomarán respecto del superior
jerárquico (en este caso el Alcalde)…
En el caso concreto, el
Juez de Distrito en su proveído del 25 de julio de 2013, ordenó lo siguiente:
…el presente asunto sea
remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que si así lo
considera ese Alto Tribunal, la autoridad contumaz sea suspendida
inmediatamente de su cargo y en su caso su superior jerárquico, consignada al
juez de distrito…
La propia Ley de Amparo
señala que la responsabilidad penal del Tesorero y el Alcalde, no se elimina
con el hecho de que cumplan extemporáneamente la sentencia, ni con el hecho de
que concluyan su encargo.
Es también importante
señalar que la Suprema Corte en reiteradas ocasiones ha ordenado la destitución
de funcionarios y su enjuiciamiento penal por incumplir sentencias de amparo.
En un caso reciente, la
Corte ordenó destituir a una alcaldesa de un Municipio de Querétaro, a su
tesorera y enjuiciarlas penalmente junto con el ex alcalde y su ex tesorero.
En caso de que la Corte haga lo propio con el Alcalde y Tesorero de Torreón, una consecuencia adicional seria que los inhabilitaría para ocupar nuevos cargos públicos. (Artículo tomado de Sin Bozal)
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